El neofascista Berlusconi azuza el odio contra los extranjeros, especialmente rumanos, dirigiendo la frustración de sectores de trabajadores y capas populares de las verdaderas raíces políticas y sociales de los males que padecen. El mandato que hace una más de una semana inició ya contempla, entre otros, expulsar a extranjeros indocumentados.
Su posición está generando molestia entre algunos de sus vecinos.
Una situación que se profundizará en los próximos meses pues se preparan normas estrictas para controlar los flujos migratorios que, de paso, podrían presionar la marcha de los 'indeseados' hacia otros países.
El miércoles pasado, en una operación a nivel nacional, fueron detenidos al menos 400 "sin papeles", a los que se investiga por tráfico de personas y de estupefacientes. La acción de la policía italiana fue apoyada por las fuerzas de seguridad rumanas, nacionalidad de buena parte de los arrestados.
La detención masiva de inmigrantes ilegales coincide con el repunte del odio que desde hace algunas meses se manifiesta hacia los rumanos de etnia gitana, los 'rom', llegados al país de manera masiva desde la adhesión de Rumania a la Unión Europea (UE), en enero del 2007.
Desde esa fecha, los ciudadanos rumanos pueden migrar libremente a cualquier país de la Unión.
Aunque se ha dado en varias ciudades, incluida Roma, la capital, los sucesos de xenofobia más graves se vivieron en la ciudad de Nápoles, al sur del país, donde fueron atacados el miércoles pasado con cocteles Molotov tres poblados de nómadas rumanos.Entre las gigantescas columnas de humo negro que desprendían las pequeñas casas de madera y cartón en llamas, la policía tuvo que intervenir para evacuar a los 'rom' y evitar que fueran agredidos por los vecinos.
Sin embargo, esta situación se veía venir, pues una de las plataformas de Berlusconi ha sido la de gestionar con orden y rigor la inmigración interna y externa de la Unión Europea para garantizar la convivencia pacífica, término que algunos dentro y fuera de Italia consideran de marcado corte xenófobo.
En los desórdenes de Nápoles no faltaron razones de los habitantes del barrio Ponticelli, donde se produjeron los ataques a los campamentos, pues se presentó un intento de secuestro de una recién nacida a manos de una joven gitana.Era la chispa que faltaba para encender los ánimos, muy calientes ya por la gran degradación del barrio y la integración imposible de los 'rom' con la comunidad.
"Alguien del barrio ha decidido quemar el poblado. Menos mal. Si no, dentro de dos semanas están de nuevo aquí", dijo una señora de Ponticelli que, junto a otros vecinos, celebraba el desalojo de los gitanos mientras coreaba: "No los queremos aquí".
Incluso alguno de los habitantes de esta deprimida zona de Nápoles llegó a increpar a los bomberos por intentar apagar el fuego.
Aunque el malestar de los habitantes de Nápoles por la presencia de los 'rom' explica en parte los ataques a los campamentos, la mafia napolitana ha sido la encargada de prender la mecha.
140.000 pesos mensuales por cada casa de cartón Desde que se instalaron en esta zona, los gitanos rumanos debían pagar a los camorristas un impuesto, el llamado 'pizzo', que también entregan todos los vecinos.
Dada su condición de pobreza, la camorra exigía a los 'rom' que pagaran 50 euros (140.000 pesos) mensuales por cada casa de cartón y madera que levantasen.Pagando este dinero, los inmigrantes podían practicar la mendicidad y cometer pequeños crímenes. Nada de tráfico de drogas ni grandes operaciones: eso es terreno de los mafiosos.
Cuando los capos camorristas de Ponticelli tuvieron noticia del intento de secuestro de la recién nacida consideraron que era demasiado. Por encima de cualquier cosa, los mafiosos se vanaglorian de mantener la paz en su territorio: es la mejor forma de proteger sus negocios.
El rapto fallido era una acción indeseable por lo que, de acuerdo con muchas versiones, ellos mismos mandaron a quemar los poblados improvisados de los gitanos. "Estamos pagando justos por pecadores. En todas las razas hay criminales, pero no es justo lo que está pasando", dijo a EL TIEMPO Nicolás, un gitano que vive en un campamento situado en el centro de Roma, a la orilla del río Tíber.
La intensidad de los operativos y la violencia que se ha presentado no ha amilanado al Gobierno, que ha continuado con las redadas en los últimos días para expulsar a los extranjeros sin papeles.
El ministro del Interior, Roberto Maroni, perteneciente a la Liga Norte, partido aliado de Berlusconi, calificó de "injustificables" los incendios y la violencia. Sin embargo, aseguró que el Estado dará todo el apoyo necesario "para mejorar la seguridad" de Italia.
Y para demostrar que el asunto del control de la inmigración ilegal en Italia es un asunto serio, se anuncia que el próximo miércoles el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley sobre seguridad pública y lucha contra la inmigración ilegal.
Hasta el momento, nadie en Italia parece objetar las actuaciones y anuncios del Gobierno, que no han tenido respuesta por parte de la oposición. Pero en el plano internacional, se comienzan a ver algunas reacciones.
Tras la redada del miércoles en Nápoles, la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, en referencia al caso italiano, afirmó que no comparte "la política de expulsiones sin respeto de la ley ni los derechos de los inmigrantes, ni las actuaciones que pueden exaltar la violencia, el racismo y la xenofobia".
Aunque las palabras quedaron dichas, el secretario de Estado español para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, aclaró que esa no es una posición del Gobierno y desactivó la polémica.
Así mismo, en Rumania se han presentado manifestaciones frente a consulados y la embajada italiana por parte de familiares de expulsados.
DARÍO MENOR
PARA EL TIEMPO ROMA.
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