La orden internacional de busca y captura contra cuatro altos mandos
policiales del franquismo acusados de torturas, muestra a la opinión
pública internacional cómo los represores y torturadores de la dictadura
no sólo han continuado en sus puestos sino que han prosperado en la
etapa democrática.
La jueza argentina Maria Servini de Cubri dictó el pasado 19 de septiembre una orden de busca y captura internacional contra cuatro altos mandos policiales del régimen franquista, bajo la acusación de torturas y crímenes contra la humanidad. Se trata de los primeros acusados sin que vayan a ser los últimos, ya que las declaraciones de las víctimas ante la Corte Federal de Argentina señalan a un importante número de altos funcionarios policiales y responsables políticos que en estos últimos 35 años han disfrutado no sólo de una impunidad absoluta, sino que han prosperado y ascendido en las estructuras del régimen que siguió al franquismo.
José Ignacio Giralte, de 71 años de edad, señalado por sus víctimas como un destacado torturador de la Brigada Político Social junto a “Billy el Niño”, y en busca y captura desde el pasado jueves, estuvo al mando de la policía nacional en la comisaría de Alcobendas-San Sebastián de Los Reyes,donde se granjeó la enemistad de los funcionarios policiales. Fue denunciado por su modo "prepotente, amenazante, insultante y despectivo” para con los agentes, a los que humillaba continuamente. En el año 2000 fue sancionado por estos hechos y por usar con fines particulares un vehículo policial.
El actual comisario jefe de Leganés, Jesús González Reglero, ha sido denunciado también como uno de los torturadores que ejercían en la antigua Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol –actualmente sede de la Comunidad de Madrid- .
Este personaje actuaba conjuntamente con José Ignacio Giralte, tal y como se relata en varios testimonios recogidos en el auto judicial: “Alfredo Rodríguez Bonilla lo reconoció a él y al inspector Jesús González Reglero como los funcionarios policiales que lo golpeaban en la cara, lo pateaban en la entrepierna y le daban golpes con cadenas. “Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón”, le decían mientras le pegaban en diferentes partes del cuerpo. A medida que la sesión de tortura avanzaba, Rodríguez Bonilla perdía resistencia y se caía al suelo. Los golpes, entonces, se incrementaban.».
Durante su toma de posesión como comisario jefe de Leganés en octubre del año pasado, fue elogiado por el responsable de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que destacó de él que “ acumula experiencia y una excelente gestión en todos los destinos por los que ha pasado". El diario ABC también le dedicó unas palabras de elogio e hizo un panegírico de su carrera policial, con detalle de todos sus destinos salvo uno: el que desempeñó en la Brigada Político Social, pequeño detalle que también pasó por alto la agencia de noticias estatal EFE.
La Cadena Ser también dedicó tiempo para elogiar a este comisario en una información que resaltaba que se trata de un “hombre de probada trayectoria profesional, con más de 40 años en el cuerpo”, en una entrevista en la que el comisario defendía la actuación de la policía antidisturbios en los desahucios.
José González Reglero
Miguel Ángel González Reglero, hermano del anterior, fue nombrado comisario jefe de Getafe en el año 2010. La trayectoria de este funcionario es similar a la de su hermano. El diario El País publicaba el 13 de octubre de 1982 los estrechos vínculos de ambos hermanos y de Baldomero Araujo con bandas de extrema derecha, así como que era conocida su extrema crueldad y dureza en los “interrogatorios” a estudiantes y demócratas en la etapa final del franquismo.
Miguel Ángel González Reglero durante su nombramiento como comisario de Getafe.
Amenazas y agresiones neonazis por parte de miembros de la policía municipal de Fuenlabrada.
Un conflicto laboral con origen en la exigencia de que el ayuntamiento de Fuenlabrada cumpla los acuerdos firmados con la representación sindical de la policía municipal ha hecho aflorar una inquietante realidad larvada en el seno de este cuerpo policial. Una reclamación en principio justa ha derivado en pintadas neonazis y amenazas en los domicilios particulares de concejales de la localidad, destrozos en el vehículo de un delegado sindical de CCOO, amenazas a policías que no apoyan a los agresores así como a sus familias, hasta el punto de que han tenido que solicitar protección por ataques vandálicos en sus viviendas. Una situación que ha generado una situación de auténtico miedo entre el resto de trabajadores municipales, hasta el punto de que los sindicatos CCOO y UGT hicieron público el pasado martes un comunicado en el que denuncian los continuos insultos, amenazas y coacciones que se vienen produciendo desde noviembre del año pasado por parte de miembros de la policía local hacia otros trabajadores.
Durante las fiestas de la vecina localidad se ha producido además un hecho sumamente grave y que muestra el doble rasero que la policía nacional aplica en sus actuaciones. El consistorio ha presentado un informe ante la Delegación de Gobierno en el que se denuncia la absoluta pasividad de los policías nacionales durante los incidentes que se produjeron durantes las fiestas de Fuenlabrada en las casetas de Izquierda Unida y PSOE , que fueron asaltadas por varios policías locales y donde supuestamente se amenazó a varias personas con “cortarles el cuello”. Mientras esto ocurría, la policía nacional, según la corporación municipal de Fuenlabrada, se dedicaba a bailar al ritmo de Pignoise y a intercambiar abrazos y saludos con los agresores, una situación difícil de concebir si la protesta fuese protagonizada por otros colectivos.
Por su parte Izquierda Unida ha presentado denuncias en los juzgados por las amenazas de muerte que han recibido varios de sus militantes y ha elevado al Congreso de los Diputados cuatro preguntas al ministro de interior para que se aclare esta connivencia de la policía nacional con elementos de extrema derecha infiltrados en los cuerpos policiales.
Según fuentes municipales estos ataques están orquestados por un grupo de unos 40 agentes de las BESCAM, la polémica policía pseudo autonómica creada por Esperanza Aguirre, y que ahora está creando serios problemas económicos en los municipios madrileños que se sumaron a este modelo policial, ya que la Comunidad de Madrid ahora pretende desembarazarse de sus compromisos económicos con respecto a este cuerpo.
A todo esto hay que sumar el hecho de que el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, José Francisco Cano, está imputado desde principios de este año por varios delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas de los funcionarios públicos por presuntos negocios irregulares.
El jefe de la policía local de Arroyomolinos y su segundo al mando, imputados por graves delitos de extorsión, atentado contra la libertad de las personas, intimidación y usurpación de funciones
En Arroyomolinos el panorama también es inquietante. El pasado 21 de julio publicábamos la noticia de la detención del jefe de Policía Local de Arroyomolinos, Rubén P.N, y de su segundo en el mando, de nombre Félix, acusados de extorsionar a los comerciantes de la localidad. Una detención que practicó la Guardia Civil de Pinto tras una investigación de varios meses en que se reunieron pruebas sobre las extorsiones a comerciantes de la localidad.
Tras ser puesto en libertad con cargos el ayuntamiento de Arroyomolinos, en manos del popular Juan Velarde, se permitió que se reincorporase en su puesto, al frente de la seguridad del municipio, pese a las graves acusaciones y pruebas que existen contra ambos policías.
Este mismo mando policial es inspirador de una controvertida la ordenanza municipal de “convivencia” y “prevención de conductas antisociales”, que ya en su enunciado pone de relieve su marcado carácter autoritario. Esta ordenanza ha sido denunciada por los grupos de oposición por coartar el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que prohíbe y sanciona cualquier manifestación de descontento no autorizada previamente por el consistorio.
El ex jefe de la Brigada de estupefacientes de Móstoles juzgado por tráfico de drogas.
Carlos G.L, ex jefe antidrogas de Móstoles, ha sido juzgado este verano por delitos contra la salud pública, cohecho, revelación de secretos, cargos por los que la fiscalía pedía 15 años de prisión. Conocido entre sus compañeros como "El armario", fue detenido hace cinco años en su domicilio, cuando aún era jefe de estupefacientes de la comisaría de Policía de Móstoles a donde había sido trasladado desde Barcelona ya expedientado.
“El armario”, según la investigación judicial, supuestamente se dedicaba a alertar de las redadas policiales a cambio de pagos de los traficantes. Complementaba su actuación delictiva con extorsiones a comerciantes y sustracción de parte de las incautaciones que realizaba la policía de Móstoles. En el registro de su domicilio en el momento de su detención se le incautaron armas, drogas y pruebas que le incriminan.
El comisario de Móstoles, Juan Jesús Sánchez Manzano un cruzado antisindical.
No menos polémico es el caso del comisario de la Policía Nacional de Móstoles, Juan Jesús Sánchez Manzano, acusado por sindicatos policiales de atentar gravemente contra la libertad sindical al perseguir a varios agentes por colocar propaganda sindical en la comisaría. En octubre del 2010 llegó al extremo de destinar a varios agentes de la policía científica y del servicio de delitos informáticos a “investigar” quién había puesto un cartel del sindicato Unión Federal de Policía.
La aversión del comisario hacia la actividad sindical también es conocida por los vecinos y vecinas que participaron en los piquetes y manifestaciones vecinales que recorrieron la localidad durante las dos últimas huelgas generales. Según el testimonio de varios participantes y testigos, en ambas ocasiones la jornada transcurrió con absoluta normalidad hasta que hizo su aparición el comisario y dio órdenes de cargar sin justificación alguna. En ambos casos hubo heridos de diversa consideración y detenciones arbitrarias.
Tras la huelga general del 29 de marzo una vecina del municipio fue detenida varios días después de la jornada de huelga tras recibir una extraña llamada de un agente para que acudiera a comisaría por un asunto rutinario.
En la jornada de huelga general del 14 de noviembre de 2012, durante la manifestación que recorrió Móstoles al mediodía, se produjeron una serie de detenciones sin que mediase carga policial alguna ni disturbio de ningún tipo. A los pocos minutos de aparecer Juan Jesús Sánchez Manzano en la intersección de las calles Badajoz y San Marcial un grupo de policías nacionales irrumpió entre los manifestantes tirando al suelo a un vecino y procediendo a arrastrarlo fuera de la manifestación. Ante esta actuación de la policía algunos manifestantes intentaron proteger a la persona que estaba siendo arrastrada por la policía, produciéndose varias detenciones más. Uno de los detenidos, tras ser puesto en libertad, interpuso una denuncia contra varios agentes en el Juzgado de Guardia por, “recibir una paliza en el vehículo policial mientras era trasladado del hospital a la comisaría” al reclamar asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante su detención.
¿Ficheros de “sospechosos” en base a su ideología o creencias?
Un desliz de la delegada del Gobierno en Madrid durante las multitudinarias manifestaciones del 25 de septiembre de 2012, desvelaba la existencia de un fichero policial que contiene datos de personas en base a su militancia política o su ideología, algo terminantemente prohibido por la Carta Magna y que supone una flagrante violación de los derechos civiles.
Usando este fichero policial político-social, manifiestamente ilegal, el ayuntamiento de Móstoles ha multado a tres activistas de la Plataforma Stop Desahucios Móstoles y de la Asamblea local del 15M , bajo la acusación de “colocar pegatinas” durante el escrache que se realizó a la sede del Partido Popular el 9 de abril de este año. Durante la protesta no se produjo ningún tipo de incidente ni se produjo ningún tipo de intervención o identificación policial. A mediados de septiembre tres personas recibieron notificaciones con multas de 300 € por “colocar pegatinas” en mobiliario urbano. Tras recurrir las sanciones, ya que no existe prueba alguna de la comisión de los hechos por los que se les sanciona, desde el Ayuntamiento se les ha informado que los policías locales actuaron después de que los nacionales les proporcionaran información sobre estos tres activistas desde sus archivos. Al tratarse de tres personas sin ningún antecedente policial la única explicación para estar “fichados” es su activismo social, una práctica incompatible con el ordenamiento constitucional en materia de derechos fundamentales.
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