Manuel Valls, ministro del Interior,
dijo que los gitanos deben ser deportados. La reacción fue inmediata.
Llovieron críticas de un sector del socialismo francés y de autoridades
europeas que tildaron sus dichos de electoralistas.
El ministro de Interior
de Francia, Manuel Valls, afirmó que la mayoría de los gitanos deben ser
expulsados del país, lo que le valió la crítica de algunos miembros del
gobernante Partido Socialista (PS) y de autoridades europeas. “La
mayoría de los gitanos deben ser llevados hasta la frontera. Nuestro
papel no es acoger a estas poblaciones”, aseguró el ministro un día
después de haber sostenido que los gitanos debían regresar a Rumania y a
Bulgaria, porque en Francia no hacían esfuerzos suficientes para su
integración.
La comisaria europea de Justicia, Vivianne Reding, tachó de
electoralistas las declaraciones de Valls y recordó que la Unión
Europea (UE) ha puesto a disposición de los 28 países miembro 50 mil
millones de euros para políticas de integración que están sin utilizar.
En tanto, el portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bailly, advirtió
que si no se respetan los principios inscriptos en los Tratados, el
órgano utilizará todos los medios a su disposición para sancionar a
Francia. El presidente François Hollande, que ayer presidió la reunión
semanal del Consejo de Ministros, no se pronunció sobre las
declaraciones de su ministro.
Valls insistió en que hay que seguir
desmantelando los campamentos de gitanos porque suponen un problema para
los vecinos y para los que los ocupan, desde el punto de vista
sanitario y de seguridad. Pero varias figuras del PS y del gobierno
reaccionaron ante las palabras de Valls. “Eso mismo se dijo de los
españoles, de los portugueses o de los árabes. Decretar por anticipado
que la integración es imposible me parece excesivo y debe ser
corregido”, dijo el ministro de Industria, Arnaud Montebourg.
El primer secretario del PS, Harlem
Désir, dijo no creer en las teorías que afirman que algunas poblaciones
no pueden ser integradas. La alcaldesa de Lille, Martine Aubry, pidió un
movimiento de solidaridad nacional para albergar a los gitanos que
viven en el país. “Invoco los principios de humanidad y eficacia, es
decir, la República”, expresó. Pero el titular de Interior replicó que
no tiene nada que corregir y acusó a sus críticos de no conocer el
asunto. La portavoz del gobierno, Najat VallaudBelkacem, declaró que
Valls cuenta con el apoyo del presidente Hollande porque aplica una
política de firmeza y humanidad.
Reding acusó a Valls de agitar el miedo
con fines electoralistas. “Si no me equivoco, hay aire de elecciones en
Francia”, ironizó. “Cada vez que no se quiere hablar de cosas
importantes como los presupuestos o la deuda, nos topamos con los
gitanos”, agregó. La comisaria subrayó que los rumanos son ciudadanos
europeos y recordó que Bruselas ha puesto a disposición de los socios de
la UE ingentes fondos para mejorar la integración de los gitanos, y
enfatizó que Francia no los utiliza. “Me pregunto por qué”, continuó
Reding. “Dejamos que los problemas sean imposibles de resolver, no se
hace el trabajo de integración y ese dinero que podría servir a los
alcaldes no se usa”, concluyó.
“La Comisión recuerda a Francia y al
resto de Estados miembro que han acordado entre ellos y con la Comisión
una estrategia europea para la integración de los gitanos”, declaró
Bailly. Recalcó además que todos los europeos tienen libertad de
circulación y residencia y advirtió que si estas libertades no se
respetan, Bruselas usará los medios a su disposición para corregirlo.
Bailly se refirió además a la confusión voluntaria o involuntaria que
existe en relación con las libertades de circulación, residencia y de
trabajo en los países europeos.
La política de desalojo forzoso fue
emprendida por el ex presidente conservador Nicolas Sarkozy y ha sido
criticada por Naciones Unidas. Unos 20 mil gitanos, principalmente
originarios de Rumania o Bulgaria, viven en Francia. En 2012, Francia
expulsó a 12.800 rumanos y búlgaros sobre un total de 37 mil
extranjeros, cifra record de inmigrantes expulsados. Diversas
organizaciones humanitarias y judiciales, como la Liga de Derechos
Humanos o el Sindicato de la Magistratura, tacharon las declaraciones de
Valls de intolerables y consideraron que estigmatizan a una categoría
de la población. Asimismo, indicaron que contribuyen a identificar de
forma infundada a los culpables por su origen étnico.
Paralelamente, Amnistía Internacional (AI) publicó ayer un informe en donde afirma que Francia no respeta sus compromisos internacionales
en términos de expulsión de gitanos. De acuerdo con el informe, el
número de gitanos expulsados, que se había reducido con la llegada de
los socialistas al poder, volvió a aumentar considerablemente. “En el
primer semestre de 2013, 10.174 gitanos fueron evacuados, un número
record desde 2010. Una vez expulsados, se encuentran sin un techo y se
ven obligados a instalarse en otros campamentos”, explicó el responsable
de operaciones para Europa y Asia central de AI, John Dalhuisen.
El martes, el secretario de Estado
francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, había exigido que la
legislación europea respetara la política francesa de expulsión de
gitanos, tras argumentar que el pedido de la Eurocámara para que
suspenda esa medida contradice las leyes comunitarias. “No es concebible
no aplicar las leyes comunitaria y francesa en territorio francés”,
había indicado por su parte el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, en un encuentro con las autoridades rumanas para tratar este asunto.
Hay ocho países de la UE que imponen
restricciones a los ciudadanos búlgaros y rumanos para trabajar en su
territorio, porque se contempló esa opción en la adhesión de ambos
países al bloque comunitario. Los países en cuestión son Alemania,
Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Reino Unido y (sólo para
los ciudadanos rumanos) España, informa EFE. Esas restricciones deben
terminar en todos los Estados miembro el 1º de enero de 2014.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-229862-2013-09-26.html
Francia continúa desalojos de la comunidad gitana pese a las críticas europeas
La policía francesa desmanteló hoy otro campamento de gitanos en el
norte del país, a pesar de las críticas internas y a nivel europeo hacia
la política del gobierno contra los miembros de esa comunidad.
En el asentamiento, ubicado en el centro
de la ciudad de Roubaix, vivían unas 100 personas, muchas de las cuales
serán repatriadas a Rumanía el 1 de octubre, informaron medios de
prensa locales.
Según organizaciones defensoras de los
derechos de los roms, como se les conoce aquí, sólo en la primera mitad
de este año fueron desalojados más de 10 mil miembros de esa etnia.
En un coloquio organizado hoy en la
Asamblea Nacional, el Defensor de los Derechos, Dominique Baudis, acusó
al gobierno de no respetar sus propias leyes. A pesar de la aprobación
de una circular en agosto de 2012 que regula los desalojos, muchos
desahucios se producen sin decisión judicial previa, dijo Baudis. Añadió
que en otros casos no se cumple el plazo de tres meses entre la emisión
de una orden y el desmantelamiento, tiempo necesario para hacer un
diagnóstico de las poblaciones y darles una opción de alojamiento.
El tema de la situación de los gitanos
salió a la luz nuevamente esta semana a raíz de las polémicas
declaraciones del ministro del Interior, Manuel Valls, contra esa
comunidad. Según Valls, los campamentos de roms deben ser desmantelados y
sus habitantes expulsados hacia sus países de origen porque "generan
mendicidad y delincuencia" y "tienen modos de vida extremadamente
diferentes" de los franceses.
La ministra de Vivienda Cécile Duflot,
del partido Europa Ecología Los Verdes, acusó a Valls de transgredir las
reglas de la República al afirmar que hay categorías de población
incapaces de integrarse debido a su origen.
Las críticas al ministro rebasaron el
ámbito local y provocaron airadas reacciones en algunos organismos
regionales. La Comisaria Europea de Justicia, Viviane Reding, condenó
que la situación de esa minoría sea utilizada en Francia con fines
electorales, en referencia a los comicios municipales de marzo próximo.
Según Reding existe un presupuesto en la Unión Europea para ayudar a la
integración de los roms, y sin embargo, ese dinero no se utiliza.
Este viernes el Defensor de los Derechos
en Francia demandó a Reding reunir a todos los responsables encargados
de la lucha contra la discriminación para establecer una estrategia
común.
Con una población estimada en alrededor
de 12 millones de personas, los gitanos son ciudadanos europeos y,
aunque por ley tienen derecho a la libre movilidad, en la práctica son
expulsados de muchos países y no tienen acceso a la salud ni a la
educación.
