Comunicado de la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social
La información de que disponemos quienes nos oponemos a la
criminalización de la protesta social en relación con el borrador de la
Ley de Seguridad Ciudadana es
reflejo de lo que el Ministerio del Interior ha ido filtrando desde el pasado jueves a los medios de comunicación,
sin que dicho Ministerio se haya dignado a colgar en ningún lugar
público de Internet el borrador de la misma. Con esta salvedad, y
de confirmarse que lo que la prensa expone al respecto es un fiel reflejo del anteproyecto de la citada Ley, la posición de la
Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social es la que se refleja en el texto que a continuación exponemos.
Si no teníamos bastante con un futuro Código Penal que criminaliza
la protesta social (derechos de manifestación, reunión, expresión y
opinión), mediante duras penas de prisión, ahora nos llega el
Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana
(Ley de Seguridad Ciudadana) que trata de arruinar a quienes protestan
mediante brutales multas que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros
(100 millones de las antiguas pesetas).
Interior y Justicia, Fernández y Gallardón, son el látigo de un
Gobierno del Partido Popular, dispuesto a acabar con el ejercicio de las
libertades y derechos por parte de quienes sufren la aplicación de sus
curas de caballo, las clases trabajadoras y populares, en forma de
privatizaciones de lo público, recortes sociales, reformas laborales,
despidos, recortes salariales y un largo etcétera de derechos históricos
conquistados con esfuerzo y sacrificio.
La futura Ley de Seguridad Ciudadana
pretende no sólo la
criminalización de la protesta social sino su desmovilización mediante
el chantaje y la amenaza del palo y tentetieso.
Y lo hace a través del enunciado de 55 infracciones, clasificadas 21
de ellas, como “muy graves” y “graves”, el resto, sancionadas mediante
multas desorbitadas (de 30.001 a 600.000 €), en unos casos y de muy
elevada cuantía (1.001 a 30.000 €), en otros,
un recurso legal
especialmente cruel en tiempos de grave crisis económica que afecta
especialmente a los colectivos que protestan.
Condenar a multas de 30.001 a 600.000 €, no sólo a los participantes sino a los organizadores y convocantes de
protestas no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autónomos o los altos tribunales, lo mismo que ante
centrales nucleares o aeropuertos, o los
escraches contra cargos públicos,
busca, como mínimo,
disuadir de la realización de la protesta y, caso de no lograrlo,
arruinar a las personas y organizaciones que participan en ellas.
Falta por ver qué sucederá con las propiedades, salarios y cuentas de
aquellas cuando, más que previsiblemente, no pueda hacer frente a tales
sanciones. Ello sin entrar en el disparate jurídico de la desproporción
entre infracción, considerada arbitrariamente como muy grave, y la
sanción o en el que se produce cuando se mete en el mismo paquete
sancionador a asistentes al acto público y a convocantes y
organizadores.
Que esa misma cuantía se aplique a quienes graben y difundan imágenes de las fuerzas de “los agentes de seguridad en el ejercicio de su trabajo” –disolver y cargar contra manifestaciones,
detener y herir a manifestantes-
“que atenten contra el derecho a su honor o su imagen –la
daña la desproporción entre acciones de los manifestantes y grado de
represión a la que nos tienen acostumbrados estos agentes-
y que puedan poner en peligro su seguridad –curiosamente cuando ya no existe actividad armada de grupo violento alguno-
o la de la intervención policial correspondiente” –les preocupa que cunda el desánimo represor entre miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad-
pretende
dar carta de impunidad a los excesos policiales, impedir que existan
pruebas de los mismos y dificultar las denuncias consiguientes.
Que se sancione con multas que van de los 1.001 a 30.000 € por
”amenazar , coaccionar, vejar o injuriar a agentes públicos cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas” es además, de absolutamente
desproporcionado por la diferencia entre infracción y sanción, un
abuso incalificable
ante el desvalimiento en que se puede estar dejando a los manifestantes
en caso de carga y represión policial ya que se sanciona lo que podría
ser un simple desahogo ante una acción de brutalidad policial.
No
justificamos ningún tipo de comportamiento verbal o gestual incívico
pero parece una burla que un policía fuertemente armado pueda sentirse
coaccionado, amenazado, vejado o injuriado por quien sólo tiene como
arma la palabra y menos que sea sancionado por tal cuantía de multa.
Añadamos a ello la imposibilidad de grabar al agente en su
“mantenimiento del orden público” y tendremos el camino abierto a la
posible arbitrariedad y falsedad en la atribución policial de la
comisión de la infracción, incluso dentro del artículo de una ley tan
violentamente injusta como ésta.
Hay antecedentes más que numerosos
sobre falsas acusaciones por parte de agentes a manifestantes.
Multar con esa misma cuantía a la obstaculización
“de la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos o personas”
tiene un destinatario muy claro: las movilizaciones de sectores
históricos de la clase obrera, como las de los mineros asturianos y
leoneses, cuya fuerza de protesta se pretende silenciar por esta vía.
Asistimos a un “complemento represor” del Código Penal, vía
“Protección de la Seguridad Ciudadana”, muy en consonancia con las
recientes declaraciones de la alcaldesa de Madrid, y en el pasado de
otros dirigentes del PP, de reformar la Ley de Huelga y cobra todo su
significado aquella comparecencia parlamentaria del Ministro del
Interior en Marzo de 2012:
“(…)debemos impedir que la crisis que
vivimos derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando
el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado”.
Esta declaración pública de don Jorge Fernández Díaz era el anuncio de
la reforma antidemócratica del Código Penal del Ministerio de Justicia y
de la Ley de Seguridad Ciudadana de Interior.
Para este Gobierno el bien público a proteger no es el del Estado de
libertades, que se plasman entre otras, en el ejercicio de los derechos
de manifestación, reunión, expresión y opinión, sino en unos conceptos
de paz social y de seguridad propios de un régimen totalitario.
Para
ello no duda en violar las garantías protegidas constitucionalmente, las
sentencias del Tribunal Constitucional o en desoír
las
reprimendas que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le ha
dirigido hace unos meses ante la represión practicada contra dichos
derechos.
En manos de la clase trabajadora y los sectores populares, así como
de l@s demócratas y amantes de las libertades, está impedirlo. Los
derechos se defienden ejerciéndolos. Llamamos a todos esos sectores a
acrecentar la protesta social,
no sólo contra los recortes sociales sino también frente este crimen contra los derechos fundamentales.
Fuente: http://libertadesdemocraticas.org/2013/11/la-ley-de-seguridad-ciudadana-es-el-bozal-que-completa-la-criminalizacion-de-la-protesta-por-el-codigo-penal/
Mas info:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/74139-multas-de-hasta-600000%E2%82%AC-para-silenciar-los-abusos-policiales-en-las-manifestaciones.html
